DESFILE LICEO INDUSTRIAL.

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20 de Septiembre de 2008

Educación 2020: marketing para un andamio de slogans

Por María Angélica Oliva

Señala Paulo Freire: la cuestión es cómo transformar las dificultades en condiciones de posibilidad, sentencia que refleja el espíritu de esta columna surgida del malestar producido por la lectura de la Propuesta de Mario Waissbluth, Educación 2020. La dificultad de dicha Propuesta, cuyo diagnóstico propone dos metas, un conjunto de estrategias para alcanzarlas y tres decisiones que tomarán no menos de doce años para su realización, se sustenta en un desconocimiento de la educación como disciplina, así como, de su institucionalización en los sistemas educativos.

De esta manera, la Propuesta construye un seudo-problema de la educación, desdeñando el carácter histórico, político e ideológico de la educación, al mismo tiempo, de ignorar las dimensiones de: la institucionalidad, el financiamiento y lo didáctico/curricular, entre otras.

Si la Propuesta es sobre educación, y se desconoce lo que esta educación significa, y por qué ha llegado a ser lo que es; porque nunca se lo ha estudiado, ni menos investigado, al parecer, se cree que los problemas educativos pueden resolverse con el sentido común, de paso, el menos común de los sentidos, según Blas Pascal, entonces, estamos frente a una dificultad.

Además, esta Propuesta ha tenido una difusión en los medios de comunicación que cualquiera que se dedique a la educación no alcanzará a tener ni en su mejor momento; baste observar su presencia en los principales medios de prensa escrita (El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa); en la televisión, Tolerancia Cero; en la internet (ya tiene más de 10 mil adherentes y 15 socios en Facebook), la dificultad, entonces, se convierte en una grave dificultad.

Pero si, además, un experto en Derechos Humanos como José Zalaquett, en su columna dominical alaba la mentada Propuesta, el panorama se ensombrece; ésta constituye una amenaza para un bien común fundamental, la educación como un bien público, el derecho efectivo a una educación de calidad para todos y las posibilidades de pervivencia de la escuela pública, entre otros. Todo ello, no se resuelve ni con una estrategia de marketing, que se sustenta en una serie de falacias, ni con un conjunto de slogans, tan ad hoc, al sistema neoliberal imperante.

Baste recordar que el propósito del marketing, es coordinar un conjunto de operaciones que contribuyen al desarrollo de un producto o de un servicio.

Salta a la vista, entonces, la pregunta por ¿Cuál es el producto o el servicio que tales acciones pretenden impulsar; qué se pretende vender? Su respuesta permite transitar, desde las dificultades enunciadas hasta la búsqueda de las condiciones de posibilidad. He aquí, el principal efecto de la Propuesta permite tensar la capacidad de reflexionar sobre la educación y sobre el por qué hemos llegado al actual estado de nuestra educación; exige, también, repensar cuestiones que ya formaban parte de nuestro acervo cultural, para el caso, el valor de la educación pública y el valor de la educación como un derecho, que se contrapone a entenderla como un negocio.

Obliga, ciertamente, a ejercitar el pensamiento en el límite de sus posibilidades críticas, único antídoto frente a esos slogans, que poseen una capacidad de seducción y se usan para impulsar una adhesión emocional, no obstante, confundir significados y mediante los cuales se pretende crear consenso, porque evocan ideas sugerentes y positivas que, finalmente, al enmascarar el problema de la educación obstaculizarán su solución.

¿Cuáles son, entonces, las condiciones de posibilidad inspiradas en el pensar, como un camino para el recto actuar? Esbozaremos, tres de ellas.

Primero. La educación debiese definirse siempre desde su lenguaje propiamente educativo y usando las categorías que forman parte de su tradición disciplinar. Esto es de Perogrullo, ni más ni menos, que exige fidelidad y respeto, tal como ocurre en cualquier ámbito disciplinario, hacia el objeto de estudio, para el caso, la educación y lo educativo (su institucionalización en el contexto escolar).

En este sentido, la Propuesta Educación 2020, merece reparos al asociar la calidad de la educación con el uso de conceptos, tales como: entrenamiento, certificación y re-certificación y competencias, que es muestra de un lenguaje eficientista propio de una cultura empresarial, de la empresa industrial y militar y que representa, desde hace ya bastante tiempo, un mecanismo usado por el mercado en su colonización de la institución educativa.

Segundo. Lo anterior, está vinculado con la reducción de la educación a un asunto técnico, desestimando su carácter individual, social, político, ideológico e histórico. Asunto que está ligado a la separación de la educación de la filosofía y a su transformación en una ciencia aplicada replegando, con ello, su carácter propiamente educativo representado por la ética y su concreción en la acción moral. Con lo cual, se ha instalado una falacia al plantear que las preguntas y los problemas de la educación constituyen entidades “científicas” y en cuanto tales son des-ideologizadas, lo que ya representa una ideología, baste recordar que la ciencia constituye una construcción socio-histórica, asentada en relaciones de poder.

La Propuesta, manifiesta en varios de sus aspectos, el resurgimiento de una concepción técnica de la educación, que ya ha mostrado su obsolescencia, pues ha tenido efectos devastadores para la calidad y equidad de nuestra educación, baste observar cómo la Propuesta reduce la práctica de la enseñanza, la construcción de la profesionalidad docente, el fenómeno de la transposición didáctica, al “entrenamiento de alto nivel y re-certificación para los profesores que tengan potencial”, lo cual no guarda relación con el sentido y significado de la vocación.

Tercero. Las dos metas que articulan la Propuesta Educación 2020, merecen también, reparos, pues se quedan en la superficie misma del problema que atañe a nuestra educación al tenor de los asuntos señalados, sin embargo, es necesario volver a destacar la manera cómo se desatiende a las dimensiones de la institucionalidad, del financiamiento, de lo didáctico/curricular, entre otras.

Por ejemplo, no es comparable la estructura del puesto laboral de un profesor chileno, con la de un profesor español o finés quiénes son funcionarios públicos; el chileno, vio trastocada su condición laboral desde ser un funcionario público a ser un funcionario dependiente de un sostenedor (privado o municipal). Lo cual aparece vinculado al proceso de privatización que sufrió nuestra educación en la dictadura, donde cambió el rol del Estado en la educación, instituyéndose un rol subsidiario, traspasándose la gestión de los establecimientos escolares desde la dependencia ministerial centralizada a una pseudo-descentralizada, la municipal, unido al cambio de sistema de financiamiento en la educación pública, desde un modelo basado en la oferta a uno basado en la demanda, propiciando la creación de un mercado de la educación.

Por ello, cualquier meta para mejorar la calidad de la educación pasa, por ejemplo, por revisar nuestro ordenamiento jurídico, de manera especial la Constitución que nos rige y someter a escrutinio, las posibilidades que se cumplan mediante la actual Carta Fundamental, los valores jurídicos de justicia, bien común y seguridad jurídica, así como, que el Estado garantice y no sólo vele, por el cumplimiento de la educación como un bien público y un derecho fundamental que se exprese en un derecho efectivo a la educación de calidad para todos, lo que implica no sólo la observancia del principio de igualdad de oportunidades, sino que también exige políticas compensatorias que aseguren el cumplimiento del principio de equidad.

Por todo lo anterior, la Propuesta Educación 2020 representa una estrategia de marketing que es una amenaza para nuestra democracia, pues constituye un caldo de cultivo del eslogan que confunde el espacio público, al aletargar a la ciudadanía de los reales problemas de su educación y de los posibles caminos para su solución, debilitando la participación, bien informada y crítica, que hace a la democracia.



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*María Angélica Oliva, Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional (IIDE), Universidad de Talca.
Articulo aparecido en diario electrónico El Mostrador.

CELEBRANDO FIESTAS PATRIAS EN LICEO

FELICES FIESTAS PATRIAS

A 35 años de Salvador Allende El lado oscuro del Chile de hoy por Ernesto Carmona* ¿Qué ha cambiado en Chile desde que fue derribado el gobierno democráticamente elegido de Salvador Allende? Han transcurrido 35 años, 17 de dictadura militar y 18 de “transición a la democracia” conducida por una coalición hegemonizada por los partidos Socialista, Demócrata Cristiano y Por la Democracia, seguidos de otros menores, como el partido Radical, llamada Concertación de Partidos por la Democracia.

La primera observación es que la “transición” lleva ya más tiempo que la dictadura. Pero las condiciones de vida del pueblo han empeorado dramáticamente desde la época de Allende. Y hay poca cabida para protestar. Hoy existe una perversa democracia formal que limita el acceso de los pobres a la política y excluye de cualquier participación a la minoría comunista y a otros grupos izquierdistas. Existe un sistema binominal de elecciones que fue creado precisamente para que dos grandes bloques –la derecha y la Concertación– se alternen perpetuamente en el poder, tal como ocurre con los demócratas y republicanos en EEUU. El fin de la dictadura no fue sólo el resultado de la lucha del pueblo, que aportó generosamente su sangre, instigado por quienes hoy gobiernan al país, sino que prevaleció un acuerdo político impulsado por los mismos factores internacionales que provocaron la caída de Salvador Allende, es decir, EEUU, la CIA, la USAID, el Fondo Nacional para la Democracia (NED, su sigla en inglés) y las grandes corporaciones transnacionales, cuyos negocios de explotación de los recursos naturales mejoraron notoriamente en estos últimos 18 años, según todos los indicadores. Los sectores que producen mayores ganancias al capital local e internacional son la minería del cobre, que es 70% privada, y la industria de la celulosa que se extrae de los bosques del territorio indígena, entre muchos otros rubros. Neo-derecha “progresista” La dictadura sigue presente, pero con otra apariencia, en el exitoso modelo de “desarrollo democrático” que padece Chile, pero que se exporta como imagen envidiable para otros países. La carta magna de la dictadura, que data de 1980, ha sido legitimada por sucesivas reformas constitucionales “de parche” concertadas por el gobierno con la derecha parlamentaria. Cada vez que tienen la oportunidad, las organizacionales patronales de la derecha económica manifiestan su satisfacción por la marcha de sus negocios bajo la administración concertacionista, particularmente bajo el sexenio presidencial de Ricardo Lagos (2000-2006). En estos 18 años de “transición a la democracia”, la Concertación se convirtió en una neo-derecha, con tintura socialista y social cristiana, como ocurrió antes con los partidos “progresistas” en Europa y en otras latitudes, donde la social democracia imitó a la democracia cristiana como nueva expresión partidaria renovada de la derecha tradicional. El socialismo de hoy no es el mismo de los tiempos de Allende. El partido del presidente inmolado que pretendió realizar reformas sociales involuciona por el mismo camino que siguieron antes sus colegas socialistas de España y Francia, los laboristas del Reino Unido, el partido “trabalhista” de Brasil y tantos otros. El Chile de hoy se puede transitar libremente pero por carreteras privadas. Santiago tiene una red de autopistas urbanas que cobran. La gente se ve triste porque está endeudada, aunque existe algo de trabajo, pero precario y “flexibilizado”. Los empleadores no tienen que complicarse con la seguridad social de sus trabajadores. La educación, la salud y la previsión social se han privatizado, convirtiéndose en negocios o “industrias” Una nueva clase política de apariencia “democrática y progresista” se incrustó en la superestructura del poder del Estado para administrar la expoliación del pueblo chileno y de sus recursos naturales con mayor “eficiencia” que los militares y con pocos reclamos de los trabajadores, gracias al control de la Concertación sobre la Central Única de Trabajadores (CUT). Esa clase política también ha puesto en marcha un proceso de corrupción a expensas de los fondos públicos sin precedentes en la historia política republicana del país. Los rebeldes son jovenes Los disidentes, incluidos cientos de miles de izquierdistas allendistas, no tienen cabida en esta democracia, porque el sistema electoral binominal les bloquea su acceso al Parlamento. Los jóvenes se niegan a inscribirse voluntariamente en los registros electorales. O sea, rehúsan adquirir el derecho al voto. Una vez inscritos tendrían la obligación de concurrir a votar a riesgo de severas sanciones. Si el derecho a voto no se ejerce, en Chile hay castigo. Y el gobierno pretende legislar una inscripción automática al cumplirse la mayoría de edad de 18 años, manteniendo la obligatoriedad del voto, en un esfuerzo desesperado por recuperar la representatividad perdida. Paradojalmente, quienes se oponen a esta medida totalitaria son los propios herederos políticos del pinochetismo que ahora juegan al populismo electoral al mejor estilo del Partido Popular español. Cuando algunos sindicatos que no están bajo el control de la Concertación y ciertos sectores de la sociedad chilena manifiestan su descontento con el nuevo modelo político-económico que favorece a los ricos, son brutalmente reprimidos por el gobierno nominalmente “socialista”, en nombre del sagrado sistema legal heredado de la dictadura que garantiza la expoliación neoliberal. Los más afectados han sido los sindicatos de trabajadores subcontratados –o tercerizados con empleo precario y “flexible”–, los estudiantes y la etnia mapuche, cuyo territorio permanece ocupado militarmente por años, sin nada que envidiarle a Palestina. Y al igual que Israel, Chile hace caso omiso a las recomendaciones de los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas. La región mapuche, con sus habitantes en extrema pobreza perpetua, es un territorio ocupado por Carabineros bajo permanente estado de sitio, mientras sus tierras son explotadas por las industas madereras de los grupos económicos más ricos de Chirile. El gobierno de la socialista Michele Bachelet eligió el camino de la represión, hasta con 1.500 detenciones de jóvenes estudiantes en el mes de julio 2008. La policía militarizada de Carabineros ejerce una brutalidad sin restricciones, incluso en detenciones regulares ordenadas por algún tribunal. El fallecimiento del jefe policial en un accidente aéreo en Panamá, mientras andaba de compras con su familia y ciertos allegados, fue convertido en tragedia nacional por el gobierno y los medios de comunicación, con duelo oficial y un derroche propagandístico que elevó al difunto a la categoría de un santo. El rol de los medios Todo esto ocurre mientras existe una creciente criminalización de la protesta civil, que comenzó reduciendo a 14 años la responsabilidad penal de los jóvenes. Los estudiantes que protestan en las calles corren el riesgo de ser procesados como autores de crímenes, no de desórdenes públicos, como ya ocurre en países como El Salvador, que hizo suya la ley antiterrorista de EEUU, la Patriot Act. Sin embargo, cuando un estudiante de 15 años es detenido y apaleado por Carabineros en las calles de cualquier ciudad, debe permanecer detenido hasta que sus padres vayan a rescatarlo a la comisaría. Es decir, hay un doble estándar entre los derechos ciudadanos y la responsabilidad penal que siempre opera contra los jóvenes. El debate parlamentario se realizada entre cuatro paredes, casi igual que en los tiempos de la dictadura, sólo que ahora la sala es más grande y hay más protagonistas de la clase política disfrutando de un salario que pagan “todos los chilenos”. Tampoco hay debate público democrático en la prensa, donde no hay acceso para todas las opiniones ni existe cabida para los críticos y disidentes. Los grandes medios de comunicación –cuya propiedad está súper concentrada– apoyan las medidas represivas y demás políticas del gobierno que son del agrado de los grupos económicos y de los poderes fácticos. Los medios practican un doble juego de apoyo y crítica, aunque las portadas más populares se dedican a temas banales. Dos empresarios controlan la prensa escrita del país, Agustín Edwards y Álvaro Saieh, a través de sus diarios insignia El Mercurio y La Tercera. La televisión exhibe el mismo signo ideológico, estigmatiza las protestas sociales, cultiva la banalidad y criminaliza peyorativamente a sus protagonistas a través de todos los canales. El candidato presidencial Sebastián Piñera, que es la versión local de Silvio Berlusconi, tiene su propio canal de televisión, mientras otro responde al Vaticano, un tercero pertenece al multimillonario Ricardo Claro, del Opus Dei, otros dos pertenecen al magnate mexicano Ángel González y el canal del Estado es co-gobernador por los intereses comunes de un directorio acordado en cuotas entre la derecha y la Concertación. Diputados “elegidos” a dedo Resulta imposible describir in extenso en una simple crónica al Chile de hoy, a 35 años de la muerte de Salvador Allende. Hay múltiples brochazos para pintar esta situación. Por ejemplo, en estos días los chilenos se enteraron de la asunción de un nuevo diputado que jamás fue sometido al voto popular. Se trata del reemplazante socialista del fallecido Juan Bustos, presidente de la Cámara. La ley permitió que el sucesor fuera designado a dedo por el partido del difunto. El premio recayó en Marcelo Schilling, que se hizo célebre como organizador de “La Oficina”, una instancia de espionaje interno creada por Patricio Aylwin (2000-2004) que Ricardo Lagos convirtió en la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), para vigilar a los disidentes domésticos. Los empresarios exportadores de productos primarios como uvas, manzanas y peras llevan años quejándose de la devaluación del dólar, que es un fenómeno mundial, no chileno. Con dinero proveniente de las ventas del 30% del cobre que el Estado sigue poseyendo (Allende nacionalizó el 100% de ese recurso), el Banco Central destinó 8 mil millones de dólares para comprar dólares durante todo 2008, haciendo subir artificialmente el precio de la divisa extranjera en el mercado interno a fin de beneficiar a los exportadores. Con esta medida se desató una inflación que eleva dramáticamente el costo de la vida y de la energía, que es básicamente importada como gas de Argentina. De paso, se violó una de las sagradas normas de la economía neoliberal, al manipular “la mano libre del mercado”, pero esto no le importa a los diarios como El Mercurio, que defienden a sangre y fuego el neoliberalismo. El ministro de Hacienda Andrés Velasco llegó a decir que las últimas cifras de aumento del desempleo son buenas porque indican que hay más gente buscando trabajo (sic). …Y echaron a mi vecino… Chile fue el país más golpeado por el retrógrado experimento neoliberal mundial que comenzó en los años 70. Precisamente para esa experimentación con un pueblo atado, encarcelado o asesinado, sin capacidad de reclamar, se estableció una dictadura militar. Hoy sus cifras macroeconómicas son buenas, se muestran como ejemplares para otros países, pero los números benefician exclusivamente a los que ya son ricos y al capital extranjero. Los grandes empresarios suelen decir por televisión que ahora sí el país va por “el camino correcto” del crecimiento. Pero crecimiento ¿para dónde? ¿Hacía qué?... Mientras yo escribía esta historia en esta mañana de lunes, vino la policía, un tribunal y la fuerza policial a desalojar y lanzar a la calle a mi vecino de clase media porque no ha pagado su departamento… Como diría Bertold Brecha, ¿cuándo vendrán por mí?... Ernesto Carmona Ernesto Carmona es consejero nacional del Colegio de Periodistas de Chile y secretario ejecutivo de la Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas (Ciap) de la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap). Ernesto Carmona es miembro de la Red Voltaire y del movimiento Axis for Peac

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