Ley SEP: Ranking de la 20 municipalidades más cuestionadas por Contraloría

Nº 6 Municipalidad de Valdivia.

Saldo faltante en la cuenta corriente: $1.203 millones
Alcalde: Bernardo Berger Fett. No va a la reelección.
Informe final: Nº 39/2011 del 24 de noviembre de 2011

La Municipalidad de Valdivia maneja 31 establecimientos con alumnos que reciben fondos por Ley SEP. Según la Contraloría, la diferencia entre los fondos recibidos y gastados arroja un monto faltante de $1.203 millones.
“El análisis efectuado permitió establecer que $1.728.269.048, deberían encontrarse disponibles en el saldo de la cuenta corriente. Sin embargo, al 30 de junio de 2011, la citada cuenta presentaba un saldo ascendente a $524.399.317, cifra significativamente inferior a la que debería estar disponible”, señala el informe.

En su fiscalización, la Contraloría detectó algunos recursos gastados en ítems que no correspondían, como leña para calefacción del DAEM (Departamento de Administración de Educación Municipal, que administra los colegios del municipio). También constató demoras en traspasar los recursos desde el municipio a los colegios, como los $ 225 millones que el gobierno les entregó en enero de 2010 y que estuvieron disponibles para los gastos de la SEP un año después. En sus descargos, el municipio justificó algunos problemas por las licencias del tesorero municipal, quien luego se acogió a retiro. Sus reemplazantes no revisaron bien los libros y por ello $225 millones de la Ley SEP quedaron atrapados en la burocracia.

El grueso de los reparos se relaciona, sin embargo, con usar recursos SEP para el pago de profesores, lo cual debió financiarse con la subvención normal. El Informe Final de la Contraloría especifica que se detectó la contratación de profesores cuyos sueldos fueron pagados con cargo a la Ley SEP por $ 239 millones, “lo que no resulta ajustado a derecho”.
Al revisar en detalle los gastos, la Contraloría insiste en que “se constató la utilización de fondos destinados a solventar la operación normal de los mismos establecimientos o del mismo DAEM”.

En una declaración pública el municipio explicó que se inició una investigación para determinar responsabilidades en el incorrecto uso de los recursos SEP. “Dicha investigación estableció la responsabilidad de los desórdenes administrativos en la figura de la ex jefa del DAEM y del ex jefe de finanzas de dicha repartición. Sin embargo, fue imposible aplicar la sanción administrativa a estos funcionarios, dado que ambos ya habían sido destituidos y desvinculados del municipio por irregularidades anteriores”.

En su favor, el municipio alega que la Ley SEP contenía ambigüedades que indujeron a error a éste y otros municipios, pero que fueron aclarados a través de la Ley 20.550, el llamado “perdonazo”.
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